La connivencia para cobrar el paro: qué es, qué consecuencias tiene y cómo defenderse frente al SEPE (art. 26.3 LISOS)

Una acusación de connivencia con la empresa puede suponer la extinción de la prestación por desempleo, la devolución de todo lo cobrado y la exclusión temporal de ayudas. Analizamos qué conductas castiga la ley, qué indicios valora la Inspección de Trabajo y qué vías de defensa tiene el trabajador.

En los últimos meses se han multiplicado en nuestro despacho los expedientes en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levanta acta contra un trabajador por connivencia con el empresario y el SEPE extingue, o suspende cautelarmente, su prestación por desempleo.

Se trata de una de las sanciones más duras que puede recibir un desempleado. Con frecuencia llega varios años después de los hechos y obliga a reintegrar cantidades muy elevadas, incluido el pago único cuando la prestación se capitalizó para emprender.

La connivencia está tipificada como infracción muy grave tanto para el trabajador (art. 26.3 LISOS) como para la empresa (art. 23.1.c LISOS).

Veamos en qué consiste esta infracción, qué situaciones levantan sospechas, cuáles son sus consecuencias y qué puede hacer el trabajador si recibe una notificación de la Inspección o del SEPE.

La connivencia como infracción

La connivencia es un acuerdo entre trabajador y empresa para que el trabajador obtenga una prestación de la Seguridad Social a la que no tendría derecho. Lo habitual es fabricar una situación legal de desempleo o reunir artificialmente el periodo de cotización necesario para acceder al paro.

El artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), califica como infracción muy grave del trabajador la connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualesquiera prestaciones de la Seguridad Social.

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

Por su parte, el artículo 23.1.c) LISOS sanciona a la empresa que actúe en connivencia con sus trabajadores para la obtención de prestaciones indebidas. Además, el artículo 23.2 establece que la empresa responderá solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador, y se entiende cometida una infracción por cada trabajador afectado.

No es necesario que el contrato sea completamente falso: basta con que la contratación, el despido o la baja se hayan diseñado con el propósito principal de acceder a la prestación.

SITUACIONES QUE SUELEN LEVANTAR SOSPECHAS

La Inspección rara vez dispone de una prueba directa del acuerdo. Lo que hace es reunir indicios. Los más frecuentes en la práctica son:

  • Vínculo familiar o de amistad con el empresario: contrataciones de hijos, hermanos o parejas que terminan en despido al poco tiempo.
  • Contratos de duración ajustada al periodo mínimo de cotización exigido para el paro.
  • Empresas sin actividad real o con deudas con la Seguridad Social, que dan de alta a trabajadores sin que conste la prestación efectiva de servicios.
  • Despidos seguidos de una nueva contratación por la misma empresa o por otra vinculada.
  • Capitalización del paro para iniciar un negocio que continúa la actividad de un familiar.
  • Continuar trabajando de manera informal para la misma empresa mientras se percibe la prestación.

Ninguno de estos datos, por sí solo, acredita el fraude. Contratar a un familiar es perfectamente legal si el trabajo es real y se retribuye. El problema surge cuando varios indicios se suman y el trabajador no puede explicarlos.

Consecuencias de la sanción para el trabajador.

El artículo 47 LISOS regula las sanciones aplicables a los solicitantes y beneficiarios de prestaciones. En el caso de las infracciones muy graves relativas a prestaciones o subsidios por desempleo, las consecuencias son:

  • Extinción de la prestación o subsidio por desempleo, no una mera suspensión (art. 47.1.c LISOS).
  • Reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, incluido el pago único si se capitalizó (art. 47.3 LISOS).
  • Posible exclusión durante un año del derecho a percibir prestaciones económicas, ayudas de fomento de empleo y formación profesional para el empleo (art. 47.1.c LISOS).

La entidad gestora puede además suspender cautelarmente la prestación hasta que la resolución administrativa sea definitiva (art. 47.1.d LISOS). El trabajador deja de cobrar antes de que nadie haya decidido si hubo fraude.

Consecuencias de la sanción para la empresa.

La empresa se expone a una sanción por infracción muy grave por cada trabajador afectado, a las sanciones accesorias del artículo 46 LISOS y a la responsabilidad solidaria en el reintegro de las prestaciones.

Criterio de los tribunales

PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LAS ACTAS

Los tribunales parten de una premisa que juega en contra del trabajador: los hechos constatados por la Inspección en el acta de infracción gozan de presunción de certeza (art. 151.8 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social). Para desvirtuarlos no basta con negarlos; es necesario aportar prueba que los contradiga o, al menos, los ponga seriamente en duda.

PRUEBA INDICIARIA DEL FRAUDE

A la vez, la jurisprudencia recuerda que el fraude no se presume. Lo que sí se admite es acreditarlo mediante indicios, siempre que exista un enlace preciso y directo entre los hechos probados y la conclusión de fraude (arts. 385 y 386 LEC). Así lo razonó el TSJ de la Comunitat Valenciana en su sentencia de 9 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TSJCV:2021:1855), que confirmó la sanción porque la trabajadora solo aportó documentación formal frente a un conjunto de indicios coherentes.

En la misma línea, el TSJ de Andalucía, en sentencia de 28 de mayo de 2026 (ECLI:ES:TSJAND:2026:8177), confirmó la extinción y el reintegro en un supuesto en el que un padre contrató y despidió a su hija, lo que le permitió reunir las cotizaciones necesarias para lucrar la prestación.

Los defectos de procedimiento también cuentan: el TSJ de Cataluña, en sentencia de 22 de diciembre de 2023, anuló una sanción por connivencia por caducidad del expediente sancionador y condenó al SEPE a devolver al trabajador las cantidades retenidas.

Cómo actuar ante una acusación de connivencia

  • Solicitar copia del expediente y del acta, para conocer exactamente qué indicios maneja la Inspección y rebatirlos uno por uno.
  • Presentar alegaciones dentro del plazo indicado en la notificación, aportando desde el inicio toda la documentación disponible.
  • Reunir prueba de la prestación real de servicios: nóminas cobradas por transferencia, correos y mensajes de trabajo, cuadrantes, registros de jornada y testigos (clientes, proveedores o compañeros).

Frente a la resolución sancionadora del SEPE debe interponerse reclamación previa en el plazo de 30 días desde su notificación (art. 71.2 LRJS). Si se desestima, la demanda ante el Juzgado de lo Social habrá de presentarse en el plazo de 30 días desde la notificación de la denegación (art. 71.6 LRJS).

En el juicio podrá practicarse prueba testifical y otras pruebas que no se valoraron en vía administrativa. Conviene revisar, además, posibles defectos de forma: caducidad del procedimiento, falta de motivación de la resolución o indefensión.

Lo que no se alega ni se prueba al principio es más difícil de introducir después. Ante cualquier notificación de la Inspección o del SEPE, conviene buscar asesoramiento cuanto antes: los plazos son breves.

En Ronda Valencia Abogados Laboralistas defendemos a trabajadores frente al SEPE y la Inspección de Trabajo en expedientes de connivencia, extinción de la prestación por desempleo y reintegro del pago único.